EN el colmo de la autocomplacencia, quien ostenta el poder abusa de las herramientas del marketing político para convertir algo que en principio era sutil y persuasivo, en algo burdo y ridículo. El caso más destacable, por supuesto, es el de la alcaldesa de Pamplona, cuya referencia hace tiempo que dejó de ser la política municipal.
A esta dinámica, en los últimos tiempos, también se ha sumado el departamento de Asuntos Sociales, cuyo titular hasta en más de 6 ocasiones en sólo un año ha transmitido a los medios de comunicación las plazas públicas para la tercera edad que se han creado.
Es obvio que tanto anuncio y rueda de prensa en otras ocasiones le han jugado una mala pasada, anunció en rueda de prensa que 10 menores inmigrantes no acompañados iban a venir a Navarra para iniciar un programa de acogida, hace un año ya de eso y todavía el programa no está en marcha, se hizo público también en 2007 la construcción de la residencia de Salud Mental de Estella, y aún nada de lo dicho es realidad. Se informó de que el II Plan de lucha contra la Exclusión Social se iba a presentar antes del verano de 2009, y nada de nada de ese plan. En fin, demasiados proyectos que son anunciados en prensa y luego no se ponen en marcha.
Pero en esta ocasión es algo más grave, porque se trata de presentar ante la sociedad la creación de plazas para la tercera edad como si fueran públicas cuando simplemente se conciertan las que ya existen. Y se afirma que se han creado más de 2.000 plazas para personas dependientes, dando la sensación de que el Gobierno de Navarra, en una ágil y eficaz política, se ha puesto manos a la obra, cuando la realidad es otra.
El desarrollo de la Ley de Dependencia en Navarra no se está haciendo bien, y no tanto porque el equipo de valoración sea ágil o no, tal y como lo sugiere el PSN, sino más bien porque no se atiende a los problemas de raíz de una política social que podría hacer mucho más por las personas que más ayuda necesitan, invirtiendo aquellas tendencias negativas para el modelo social de la dependencia.
Estamos ante un tema no sólo de calado social, sino de calado administrativo, económico y político, que supone un cambio sustancial en las estructuras sociales, económicas, laborales y políticas de las administraciones públicas, de ahí que el debate continuo sea necesario y enriquecedor.
Representa pues un interesante potencial para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, para generar empleo y para fomentar la cohesión social estableciendo un tejido y redes de colaboración para potenciar el autovalimiento y la autonomía de muchas personas.
Por eso, el desarrollo de esta ley a nuestro juicio se debe hacer con la máxima ambición social, garantizando también la calidad de las prestaciones y del empleo que se genera.
Consideramos que para corregir déficits es imprescindible hacer un balance sobre lo realizado hasta ahora, especialmente es necesario hacer un balance de las experiencias de los conciertos y de la participación de las empresas con ánimo de lucro en este sector. Porque sin este análisis no es posible seguir avanzando, o por lo menos no es posible seguir avanzando de forma eficaz y con una vocación pública.
Si hoy hay una diferencia salarial tan grande entre residencias, si hoy existe una precariedad tan elevada, precisamente la iniciativa privada con ánimo de lucro no puede ser la solución. Si algo hemos constatado en estos años es que la iniciativa privada con ánimo de lucro ni es más barata ni es más eficaz, como se ha demostrado en el caso de Azvase, el centro Infanta Elena o las diferentes residencias de la Ribera Alta, visitadas por la comisión de Asuntos Sociales.
La precariedad en servicios sociales tiene una construcción política, fomentada por el modelo social de UPN. En este caso no se explica simplemente como algo impuesto por una dinámica internacional, por la globalización o la competencia creciente de los mercados mundiales.
Por eso subrayamos una crítica, es necesario poner cierto coto a la participación de las empresas privadas con ánimo de lucro, fortaleciendo los instrumentos legales que ya existen, como por ejemplo las cláusulas sociales, poniendo en marcha otras medidas, o simplemente con voluntad política y económica.
El desarrollo de la Ley de Dependencia señala como necesario priorizar el servicio de atención, pero la puesta en práctica señala que se está dando una desviación a prestaciones de ayuda económica que deberían tener carácter excepcional, bien para un miembro de la unidad familiar o para contratar. Y Navarra no es excepción (5.058 ayudas económicas frente a 383 SAD). Hay que tener en cuenta además que en Navarra este tipo de prestación es un 21% superior a la media estatal, y ésta es una cuestión que UPN debe aclarar, por qué en Navarra se dan más prestaciones económicas que servicios en comparación con otras comunidades autónomas.
Su gestión es más fácil y tienen buena acogida entre los familiares, pero esta política tiene más alto coste porque no genera empleo, dificulta la red de servicios y protección social, sigue afirmando el papel de las mujeres en el hogar familiar para el cuidado de sus allegados y no garantiza la calidad en la atención.
Además, la libertad de elección del usuario no está reñida con el desarrollo de la Atención a Domicilio de forma prioritaria y tiene importantes repercusiones de tipo social frente a las ayudas económicas. La política del Gobierno de Navarra en la atención a la dependencia está perpetuando a la mujer como cuidadora familiar. En Navarra, el 81,5% son cuidadoras frente al 18,5 de cuidadores.
Por otra parte, en el sector de cuidadoras de dependientes en el hogar, que se eleva a 7.158 trabajadoras, un 47,5% ni siquiera cotizan a la Seguridad Social. 1.556 personas empleadas de hogar se dedican exclusivamente al cuidado de personas dependientes y 5.602 compaginan ese servicio con las tareas domésticas. El 40,1% trabaja sin contrato y con jornadas que superan las 40 horas semanales.
Navarra, como lo indicaba el sociólogo Gabriel Hualde en un preciso informe, ofrece respecto a España diferencias, en este caso significativas, en cuanto al tipo de prestaciones concedidas a las personas beneficiarias. Además de no registrar ninguna prestación de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, Navarra ofrece respecto al resto de comunidades autónomas de España índices significativamente bajos en la concesión de Teleasistencia (55,4% menos), Ayuda a Domicilio (72,8% menos), centros de día/noche (62,1% menos) y Atención Residencial (30,8% menos).
Al lado opuesto, Navarra ofrece índices más altos que en España en las prestaciones económicas. La prestación económica para cuidados familiares acapara el 62,33% de todas las prestaciones concedidas, y se concede en Navarra en 13,3 puntos porcentuales (21,3%) más que en España. La prestación económica vinculada al servicio se ha concedido en Navarra en el 16,49% de las prestaciones, 9,58 puntos porcentuales (58,1%) más que en España.
Por todo esto, es necesario que las luces de neón se apaguen para trabajar de verdad por la gente que menos tiene, para darle la vuelta a esta situación de muchos anuncios y más retrasos.
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